Un informe técnico elaborado el pasado 16 de junio reveló que el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de Coyhaique, ubicado en la calle Glaciar San Rafael, no cumple con las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente para su correcto funcionamiento.
El documento detectó un total de 17 deficiencias distribuidas en áreas clave como infraestructura, terminaciones, equipamiento, seguridad, instalaciones sanitarias, ventilación, mantención y gestión. Estos antecedentes se suman a las réplicas expresadas por parlamentarios de la zona respecto al mal funcionamiento del recinto y a denuncias sobre eventuales irregularidades en la atención de las personas residentes.
Parlamentarios exigen intervención ministerial
Frente a estos resultados, la diputada Alejandra Valdebenito afirmó que el reporte respalda las observaciones presentadas previamente sobre la calidad del servicio entregado a las personas mayores.
Al respecto, la parlamentaria señaló que “es un informe que sin duda da cuenta efectivamente de las deficiencias que hay tanto en su estructura, en su gestión, en su administración. Hay deficiencias sanitarias importantes que obviamente no entregan la calidad del servicio y la dignidad para lo cual fueron mandatados todos estos centros”.
Asimismo, la diputada por la Región de Aysén solicitó que las autoridades nacionales tomen acciones directas frente a la administración del recinto.
Sobre este punto, Valdebenito sostuvo que “debemos contar con una intervención por parte de la ministra de Desarrollo Social, debemos tener alguna aclaratoria, información y sobre todo cuáles son las medidas que se van a tomar de aquí en adelante para que esta situación primero se subsane y segundo no vuelva a ocurrir”.
Nuevas denuncias y antecedentes judiciales
Por su parte, el diputado René Alinco expuso antecedentes adicionales referentes a eventuales situaciones de maltrato que aquejarían tanto a los usuarios como a los trabajadores del establecimiento financiado con recursos públicos.
En relación a la situación detectada en el recinto de la capital regional, el legislador manifestó que “nos encontramos con otra sorpresa: el trato o el maltrato que los usuarios, nuestras abuelas y abuelos, sufren en esta repartición que es financiada por el Estado y también en parte financiada por el Gobierno Regional”.
Las situaciones denunciadas por ambos parlamentarios ya fueron puestas a disposición de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes.


