En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió parcialmente los recursos de apelación interpuestos por las defensas y confirmó la prisión preventiva de cinco detenidos, imputados por la Fiscalía por los delitos de asociación criminal y sustracción y comercialización ilegal de salmones.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los alcances de la investigación que culminó con siete personas detenidas y cerca de seis toneladas de salmón incautadas. Las especies fueron sustraídas desde el centro de cultivo Ninolac 2, de la empresa Salmones Blumar S.A., ubicado en la isla Melchor, comuna de Aysén, y están avaluadas en aproximadamente 30 mil dólares.
Investigación y modo de operar
Según explicó el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal, Luis González Aracena, la indagatoria comenzó a principios de 2026 mediante técnicas como el uso de drones, rastreo GPS y escuchas telefónicas, logrando acreditar al menos cinco eventos delictuales.
Respecto a la magnitud del ilícito y los hallazgos realizados este mes de noviembre en vehículos, embarcaciones y domicilios de sectores como Isla Huichas, el persecutor indicó que “esto no es un asunto menor, esto no es un asado”, detallando que “se encontraron 700 kilos de salmón, en el domicilio 500 kilos de salmón, en la embarcación 61 kilos”.
Fundamentos del tribunal y medidas cautelares
La organización cumplía funciones definidas de financiamiento, transporte marítimo y terrestre, acopio y venta clandestina en Puerto Aysén. En relación con los antecedentes presentados contra los cinco imputados que seguirán privados de libertad, la ministra de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Natalia Rencoret, fundamentó la resolución del tribunal.
La magistrada sostuvo que “concurren elementos bastantes para justificar la existencia de los hechos formalizados, así como presunciones fundadas de la participación de todos ellos en calidad de autores”, agregando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
En paralelo, los ministros Natalia Rencoret, Pedro Castro y el fiscal judicial subrogante Juan Patricio Silva revocaron la prisión preventiva de dos mujeres imputadas en la causa, decretando su arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás involucrados. La decisión contó con el voto en contra del ministro Pedro Castro Espinoza, quien estuvo por mantener la máxima cautelar para todos los formalizados.


