A más de diez días de que la eventual clausura del Centro de Detención Preventiva de Cochrane fuera comunicada verbalmente al municipio, la comunidad continúa sin recibir una respuesta oficial que confirme o descarte la medida. La incertidumbre aumenta ante el impacto social que podría generar una decisión de esta naturaleza en la provincia Capitán Prat.
La preocupación también alcanza especialmente a las familias de las personas privadas de libertad, quienes aseguran que la falta de información oficial ha provocado angustia e incertidumbre. Así lo manifestó Carola Oliva, familiar de uno de los internos del recinto.
Carola Oliva / Familiar de Interno
A ello se suman las dificultades que implicaría un eventual traslado de los internos a otras ciudades, especialmente para quienes mantienen vínculos familiares permanentes en la comuna, situación que fue planteada por Jovita Ojeda.
Jovita Ojeda / Familiar de Interno
En la misma línea, los familiares solicitaron mayor transparencia en el proceso, cuestionando que una decisión de esta magnitud haya sido comunicada únicamente de manera verbal y sin antecedentes formales que permitan conocer su alcance.
Paola Arias / Familiar de Interno
Sara Soto / Vocera Familias Afectadas
Frente a este escenario, el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, cuestionó la ausencia de antecedentes técnicos que respalden la eventual medida y reiteró que el cierre del recinto penitenciario no puede transformarse en la primera alternativa para abordar los problemas estructurales que enfrenta la unidad penal.
Patricio Ulloa Georgia / Alcalde de Cochrane
Cabe recordar que la semana pasada la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Aysén señaló que no corresponde a dicha cartera adoptar una determinación de esta naturaleza, precisando que cualquier decisión respecto del futuro del recinto dependería exclusivamente de Gendarmería a nivel central.
Hasta ahora, los municipios de Cochrane, Tortel y Chile Chico aseguran no haber recibido respuesta a los oficios enviados solicitando antecedentes sobre el eventual cierre. Mientras tanto, familiares, vecinos y autoridades locales continúan realizando gestiones para obtener una definición oficial, insistiendo en que cualquier decisión debe considerar la opinión de la comunidad y los efectos sociales que tendría para cientos de personas vinculadas directa e indirectamente al centro penitenciario.


