La Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió suspender la audiencia en la que se analizaría la solicitud de desafuero del senador por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto. La sesión estaba programada para el mediodía de este viernes, pero el tribunal de alzada optó por aplazar el trámite en el marco de la investigación por presunto fraude al Fisco que la Fiscalía lleva adelante desde el año 2021.
La determinación de postergar la vista de la causa fue adoptada por una mayoría de dos votos contra uno. Los ministros del tribunal de alzada estimaron que, dado que el Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó la reapertura de la investigación criminal por un plazo adicional de 60 días, no correspondía revisar en este momento el desafuero requerido por la Fiscalía Regional de Aysén para continuar con la acusación formal.
Derecho a defensa y aristas de la investigación
El senador Calisto valoró el dictamen de la justicia puertomontina, señalando que la decisión se alinea con lo dispuesto a nivel local en Coyhaique y que le permite ejercer plenamente su derecho a defensa. Al respecto, el parlamentario imputado argumentó que, “evidentemente, como cualquier chileno, tenemos el legítimo derecho a defendernos y a poner los elementos en la investigación”.
Bajo esa línea, el legislador acusó de forma directa que en la primera instancia judicial se vulneraron sus garantías fundamentales. “Nosotros creemos que acá, en la primera instancia, se atentó contra el legítimo derecho a defensa que necesitamos en esta indagatoria y, sobre todo, hoy día lo que ha hecho el Tribunal de Garantía de Coyhaique es respetar los procedimientos y, en segundo lugar, lo que ha hecho la Corte de Apelaciones de Puerto Montt es una señal clara del funcionamiento de las instituciones”, sostuvo el parlamentario, concluyendo que de igual forma “seguimos funcionando, ejerciendo nuestro rol senatorial en la Región de Aysén y en el país”.
Cabe recordar que la indagatoria del Ministerio Público apunta a que Calisto habría utilizado asesorías parlamentarias simuladas para desviar fondos fiscales de manera regular. La línea investigativa sostiene que una mujer fue contratada como asesora legislativa sin desempeñar funciones efectivas en el Congreso, mientras que los honorarios pagados volvían a cuentas vinculadas al senador para su beneficio personal y el financiamiento de actividades de carácter político.
A esta arista se suman las declaraciones de un testigo clave del caso, quien denunció presuntas irregularidades y desvíos de dinero en la Fundación Proyecto Futuro, acusando que donaciones y dispositivos tecnológicos entregados por la Embajada de Israel para adultos mayores terminaron destinados a fines particulares. Asimismo, el mismo testigo declaró ante la Fiscalía sobre un supuesto pago de 14 millones de pesos destinado al exfiscal regional Carlos Palma con el objetivo de cerrar las causas vigentes contra el legislador.
Demanda civil del Consejo de Defensa del Estado
En paralelo al debate penal por el desafuero, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda civil que busca recuperar más de 131 millones de pesos. Los recursos públicos habrían sido defraudados tanto al presupuesto del Congreso Nacional como al Gobierno Regional de Aysén, en una causa que mantiene diversas líneas de investigación vigentes en la zona.
Pese al aplazamiento dictaminado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la Fiscalía Regional de Aysén insistirá en requerir la pérdida de la inmunidad parlamentaria del imputado. No obstante, el organismo persecutor penal deberá esperar a que concluyan de forma definitiva las diligencias pendientes y se cierre la etapa investigativa antes de elevar nuevamente la solicitud ante los tribunales correspondientes.


