Celdas a -6 °C y camas congeladas: La dramática realidad que obligó a la justicia a intervenir en la cárcel de Chile Chico

Camas y paredes congeladas con registros de hasta -6 °C motivaron al Juzgado de Garantía a acoger un recurso de amparo y una cautela de garantías en favor de 33 reclusos y personal del CDP de Chile Chico. La acción se originó tras una carta desesperada de 24 internos solicitando reparar la calefacción para sobrevivir al invierno, a la que se sumó un recurso presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Los propios reclusos hicieron un dramático llamado a las autoridades para interceder en la reparación de la calefacción, enfatizando que “llevan mucho tiempo sin calefacción y las temperaturas han bajado demasiado, e van recién en la mitad del invierno”. Asimismo, recalcaron que las celdas de los imputados carecen de agua caliente por el mal estado del calefón, expresando que piden “humanamente agilizar la petición a fin de poder enfrentar el invierno que ya ha sido demasiado frío”.

En una inspección efectuada con el apoyo de Bomberos y cámaras térmicas, el juez Guillermo Frene confirmó en terreno el impacto del frío extremo, constatando que “no había ningún tipo de calefacción funcionando dentro de, por lo menos, las dependencias que ocupan o habitan habitualmente los internos de dicha unidad, sobre todo los dormitorios, que es donde pasan gran parte del día”. El magistrado detalló que el sistema central “no está funcionando desde enero de este año, lo que ya son varios meses, y no había ni siquiera pellet para que funcionaran las estufas a pellet que habían sido provistas como una solución de emergencia”. Mientras en los patios el termómetro marcaba entre 0 °C y -3 °C, en los dormitorios la temperatura bajaba a peligrosos -6 °C.

Por su parte, el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Aysén, Luciano González, dio cuenta del origen del requerimiento y del preocupante estado detectado en las celdas tras la inspección judicial, señalando que “presentamos una acción de amparo en favor de las personas privadas de libertad de la cárcel de Chile Chico dado que tomamos conocimiento de que estaban sufriendo temperaturas de hasta -6 °C al interior de sus celdas, sin calefacción ni agua caliente. En la inspección en terreno con el juez de Garantía y Bomberos pudimos constatar efectivamente las camas congeladas, paredes escarchadas, ventanas que no cierran por estar mal soldadas y la caldera totalmente destruida. Esto es una afectación directa a la integridad física y a la dignidad humana que requería la intervención urgente del tribunal”.

La revisión del recinto reveló esta falla estructural crítica: la caldera central destruida, radiadores apagados, calefones averiados y ventanas que no cierran por soldaduras defectuosas, dejando entrar de lleno el aire gélido patagónico. Desde Gendarmería de Chile, el abogado Rodrigo de Los Reyes justificó las demoras operativas señalando que “el problema son los oferentes. La región es aislada y, de acuerdo a la normativa de la SEC, tiene que ser un funcionario o una persona calificada, y tengo entendido que solamente hay dos en Chile, por lo que no es solo contratar una empresa sino que tiene todo un tema de operatividad”.

Plazos para mejorar condición

Al calificar los hechos como una omisión negligente que pone en riesgo la vida de las personas bajo custodia, el tribunal dictó medidas perentorias e instruyó dar un plazo de 36 horas a Gendarmería para entregar ropa de frío extremo y de tres días para reparar ventanas, calefones y presentar un plan definitivo de calefacción.

Adicionalmente, el juez Guillermo Frene resolvió paralizar el envío de más reclusos al recinto, disponiendo que “oficiese a los juzgados de garantía de la Región de Aysén y al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique a fin de que tomen conocimiento de lo ordenado y dispongan la suspensión de traslados y/o ingresos de internos al penal de Chile Chico, dada la ausencia de condiciones y garantías mínimas de habitabilidad”.

El magistrado advirtió que las exigencias se decretaron bajo apercibimiento legal al director regional de Gendarmería, precisando que “en caso de incumplimiento de las medidas decretadas, se dispondrá la imposición de multas de hasta una unidad tributaria mensual y/o arresto de hasta por 30 días”. Finalmente, se fijó una audiencia de fiscalización para el lunes 3 de agosto de 2026 a las 09:00 horas, donde se evaluará el cumplimiento de estas disposiciones.

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