Nuevos antecedentes han salido a la luz en la investigación por presunto cohecho que involucra al exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, luego de que el Ministerio Público revelara una supuesta exigencia de 14 millones de pesos a cambio de gestiones destinadas a cerrar causas judiciales de alta connotación.
De acuerdo con la Fiscalía, la indagatoria cobró fuerza tras la declaración de Roland Cárcamo, quien aseguró que Palma Guerra le habría solicitado dicho monto para poner término a una causa por manejo en estado de ebriedad y a un proceso por fraude al fisco que salpica al parlamentario Miguel Ángel Calisto. Las gestiones, que habrían tenido lugar durante 2024, buscaban el sobreseimiento o cierre definitivo de ambas investigaciones.
Al respecto, el fiscal del Ministerio Público, Luis Contreras, detalló los orígenes de la acusación señalando que “los hechos sobre los cuales la defensa requiere información se originan en el seno de una investigación diferente, que corresponde al RIT 751-2022 de este tribunal. En esa causa, con fecha 23 de junio del año 2026, uno de los coimputados manifestó que en el año 2024 el señor fiscal de la época de Aysén, don Carlos Palma, habría requerido la suma de 14 millones de pesos para dar término a dos causas”.
El fiscal Contreras detalló además que la maniobra habría incluido una presunta triangulación de fondos mediante supuestas asesorías prestadas a la Confederación de Trabajadores de la Salud (Confenats), cuyos pagos habrían sido desviados hacia la empresa “Lex and Capital”. En esta operación habría intervenido un intermediario encargado de coordinar los desembolsos vinculados al compromiso de frenar los procesos judiciales contra Cárcamo y Calisto. Sobre esta operativa, Contreras precisó que “la parte que a él le correspondía entregar o enterar de este dinero, el señor Palma le habría preguntado cómo podía pagar esa suma. Y que al no tener dinero en efectivo, lo habría conectado con la Confederación de Trabajadores de la Salud (Confenats) para que se realizaran supuestas asesorías a dicha institución y que las facturas se habrían pagado a través de una empresa o compañía de nombre Lex and Capital. La persona que se habría conectado o habría realizado las gestiones a nombre del señor Carlos Palma sería una persona de nombre Sergio Palma”.
Acciones de la defensa y arista judicial
En tanto, el defensor penal público Jorge Moraga Torres afirmó que su representado tomó conocimiento de estas graves imputaciones a través de los medios de comunicación. Ante este escenario, la defensa solicitó la realización de una audiencia con el fin de acceder formalmente al estado de la investigación y resguardar las garantías del debido proceso.
Sobre el conocimiento formal de los antecedentes, el defensor Moraga Torres explicó que “a través de los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, el señor Carlos Palma Guerra ha tomado conocimiento de que habría existido, en el contexto de una investigación penal, una declaración o quizás un par de declaraciones ante la Fiscalía en la cual se le habría indicado o denunciado que el señor Palma Guerra, mientras ejercía el cargo de fiscal regional de Aysén, habría tenido algún tipo de participación en un posible soborno o cohecho, mediante el cual ciertos ciudadanos habrían pagado o intentado pagarle al señor Palma una cierta cantidad de dinero a fin de que él tomara decisiones impropias en el ejercicio de su cargo. Es información que ha salido en los medios de comunicación, no tiene el señor Palma Guerra más información que la que ha salido en los medios”.
Esta nueva arista de la causa penal contra Palma Guerra será radicada e investigada de manera exclusiva por la Fiscalía Regional de La Araucanía. Cabe recordar que esta causa se suma a una línea investigativa previa que mantiene a Carlos Palma Guerra bajo la lupa por la presunta filtración de antecedentes reservados. Según el ente persecutor, en octubre de 2022 el exfiscal habría remitido vía WhatsApp información confidencial y escuchas telefónicas correspondientes a una causa por narcotráfico al abogado Luis Hermosilla, lo que forma parte del denominado caso Audios.


