Tras casi una década de batalla legal, la familia Reyes Márquez obtuvo un fallo favorable del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que estableció la responsabilidad de la Municipalidad de Coyhaique por el daño provocado por la deficiente operación de la planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad de Valle Simpson.
La demanda, presentada también contra la empresa Aguas Patagonia —que finalmente fue absuelta—, acusaba que el mal funcionamiento de la planta afectó un mallín ubicado en el predio de esta familia, provocando contaminación del suelo y de las aguas del sector.
En su sentencia, el Tribunal concluyó que existió una pérdida, disminución y menoscabo significativo del medio ambiente, criterio que fue valorado por el abogado de la familia demandante, Marcelo Rodríguez. Al respecto, el jurista detalló el impacto en la propiedad señalando que la familia “recibe en su predio todos los lodos, todos los residuos domiciliarios que no son tratados por esta planta de tratamiento del sector y que le llegan directamente a su terreno, desaguan directamente en su terreno. Y esto es lo más grave, porque le genera una contaminación evidente de todo lo que significa gran parte de su terreno, con los daños evidentes, malos olores, problemas, porque ¿quién va a vivir tranquilo con ese tipo de situaciones en su patio?”.
Para el jurista, el fallo constituye un antecedente de gravedad, ya que establece que el municipio incumplió de manera sostenida sus obligaciones como operador de la planta, situación que, según indicó, mantuvo por años los impactos ambientales denunciados por la familia. Sobre la responsabilidad institucional, Rodríguez agregó que se ha “llegado a la sentencia que establece que la Municipalidad de Coyhaique es responsable de daño ambiental, cuestión que es una declaración muy grave para una institución pública, ya que demuestra que por su desidia los daños que se han producido a esta familia son evidentes. Es una historia que tiene más de 10 años y en la que se han recurrido a todos los mecanismos legales para tratar de evitar, pero la Municipalidad de Coyhaique, en una actitud bastante negligente, ha permitido y ha mantenido esta situación, incluso aceptando que se incorporen nuevas casas a esta planta de tratamiento que ya con lo anterior no daba abasto”.
Inspección en terreno y orden de reparación
Rodríguez agregó que una de las pruebas más relevantes del proceso fue la inspección en terreno realizada por el propio Tribunal Ambiental, instancia que permitió constatar directamente las condiciones del lugar. Sobre dicha diligencia, el abogado relató que “el ministro del Tribunal Ambiental estuvo en el lugar y recorría el patio de la familia e incluso, producto de los excrementos que hay en el lugar, se cayó y quedó todo embarrado, lo que de alguna forma demuestra que todo lo que se decía no es nada falso. Fue importante para que el Tribunal sopesara lo que significa para una familia de la región el tener que soportar, por la negligencia de una institución pública, mantener su patio lleno de estos desechos”.
En el fallo, de 72 páginas, el Tribunal determinó que la Municipalidad de Coyhaique incurrió “en una falta de servicio al permitir que la planta operara por sobre su capacidad de diseño, sin un adecuado manejo de los efluentes” y con una respuesta “deficiente y tardía” frente a los problemas detectados.
La sentencia, redactada por el ministro Carlos Valdovinos Jeldes, ordena al municipio coyhaiquino a reparar el daño ambiental ocasionado. Para ello, deberá presentar un Plan de Reparación dentro de un plazo de 120 días desde la notificación del fallo, período que podrá ser ampliado de manera excepcional y debidamente justificada.

