Armada denuncia ante el CDE a familia de colonos por construir muelle artesanal en Isla Central del Lago O’Higgins

Un muelle construido para llegar con mayor seguridad hasta la costa de Isla Central hoy mantiene a una familia de colonos de Villa O’Higgins enfrentada al Estado. La Armada denunció ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la familia de Andrea Arriagada Mancilla por una presunta ocupación ilegal de un bien nacional de uso público.

Arriagada, profesora y habitante de este sector del lago O’Higgins, explicó que la estructura fue levantada hace poco más de tres años con recursos propios, buscando facilitar las maniobras de embarque y desembarque en un área lacustre expuesta a severas condiciones climáticas.

Al respecto, la pobladora de Isla Central relató el origen de la obra señalando que “en esa foto estamos sobre este atracadero que hicimos muy artesanalmente, con nuestros propios recursos, y con la idea que teníamos de que podría servir. No hay aquí un apoyo de ningún estudio o de algún profesional, sino que con el conocimiento de lo que habíamos visto en algunos otros lugares, pensamos en que eso podría servir para poder desembarcar y embarcar de una manera segura. Nosotros jamás hemos tenido la intención de como privatizar ese uso para nosotros solos como familia, sino que siempre con la intención de facilitar el acceso para todas las personas que navegan el Lago O’Higgins, independiente de si efectivamente tienen como destino Isla Central o no”.

Fiscalización marítima y notificación de desalojo

La controversia se originó tras una fiscalización de la autoridad marítima. Según la notificación recibida por Arriagada, la infraestructura se emplaza en un área bajo administración del Ministerio de Defensa Nacional, por lo que requería tramitar previamente una concesión marítima formal. La docente fue informada mediante correo electrónico mientras se encontraba fuera de la región por razones médicas.

Sobre el contenido de la resolución y las acciones administrativas iniciadas, Arriagada precisó que “recibo una notificación vía mail que compartí, que hice pública, y en esa notificación se me indica que efectivamente yo estoy en una calidad de ocupante ilegal de este bien de uso público y que a raíz de eso van a hacer el llamado al delegado presidencial provincial para que en compañía de la fuerza pública se restaure este bien lo más pronto posible y que además de esa situación se va a informar al Ministerio de Defensa para que se me persiga judicialmente y se me haga el cobro de indemnizaciones o multas. Decido acudir al Ministerio de Defensa y me dicen efectivamente que por no tener una concesión marítima otorgada, entonces yo califico como ocupante ilegal. Que bajo ese criterio se me notifica, y que los encargados de fiscalizar es efectivamente la Armada y ellos hacen el proceso que corresponde”.

Trabas burocráticas

La familia sostiene que la necesidad de contar con infraestructura de atraque ha sido planteada reiteradamente a distintas autoridades regionales que han recorrido los predios del lago, sin que hasta la fecha existan soluciones públicas definitivas para el sector.

En este sentido, la vecina recordó las gestiones realizadas en la zona manifestando que “en esta serie de gobiernos que han pasado hemos hecho constantemente la misma labor. En 2018 ya en adelante, en la Comisión de Infraestructura, Transporte y Telecomunicaciones, en ese aquel entonces estaba ahí Raúl Rudolphi, estaba Jorge Abello y Carlos Campo. Ellos estuvieron ahí también en Isla Central y en todo el Lago O’Higgins, recorrieron cada uno de los predios, cada uno de los puertos. Nosotros le comentamos que la necesidad en el Lago O’Higgins era conectividad digital y lacustre, y que la conectividad lacustre en este caso no era solo aumentar frecuencia de la lancha, que ya teníamos bastante poco, sino que también mejorar el acceso, porque habían muchos adultos mayores en el Lago O’Higgins”.

El caso posee además una carga simbólica para la colonización austral, dado que Andrea Arriagada es descendiente directa de Candelario Mancilla, pionero establecido en las proximidades de Campo de Hielo Sur y Laguna del Desierto. Pese a manifestar su voluntad de regularizar la estructura, la pobladora advierte sobre las complejas exigencias técnicas y económicas que impone el sistema central a los habitantes de zonas aisladas.

Frente a este escenario, Arriagada concluyó que “manifiesto por escrito y en público que yo quiero hacer el trámite necesario para salir de esta ilegalidad. Mas sin embargo, me va a ser complejo porque hay que, además de reunir una serie de documentos, yo tengo que llevar a profesionales que hagan la elaboración del proyecto, que hagan mediciones, estudios, planos, presupuestos, y que esa situación en sí misma para mí es muy difícil. Lo que yo he logrado ahora es que se converse el tema, cuál es la condición en la que habitamos los habitantes del Lago O’Higgins. No solo Isla Central en este minuto que a mí me tocó, pero la condición que yo tengo allí la tenemos muchas otras familias que vivimos el mismo aislamiento, la misma falta de conectividad lacustre y digital”.

Desde la autoridad marítima se reiteró que, al carecer de una autorización formal para intervenir el borde costero, la normativa vigente contempla la restitución de los terrenos fiscales ocupados, junto con la remisión de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para evaluar las acciones legales pertinentes.

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