Desvío de cultivos autorizados por el SAG y recetas exprés: Fiscalía de Aysén expone cómo operaba red de “Dispensario Nacional”

La Fiscalía Regional de Aysén formalizó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a los líderes de una red acusada de utilizar una fachada de cannabis medicinal para comercializar marihuana con alto contenido de THC. Los imputados enfrentan cargos por tráfico de drogas, cultivo de cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita y lavado de activos, indagatoria que incluyó la detención de dos personas en Coyhaique.

Según expuso el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, la organización operaba mediante una estructura jerarquizada de dirección, producción y comercialización, utilizando la sociedad DN Medcorp y la marca “Dispensario Nacional” para aparentar una actividad plenamente lícita.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal regional Hernán Libedinsky detalló que “se trataba de una organización criminal que operaba bajo la apariencia de un modelo terapéutico destinado a dar un ropaje de legalidad a una entidad ilícita, estructurada, jerarquizada, con distribución de roles y funciones precisas, cuya finalidad era la realización de actividades de cultivo, distribución y posterior venta masiva no autorizada e indiscriminada de marihuana o especies del género cannabis y sus derivados a terceros. Lo anterior conlleva un peligro para la salud pública, compatible con la finalidad de esta asociación, esto es, el tráfico de drogas y la obtención de ganancias ilícitas millonarias”.

Desvío de autorización del SAG y productos con alto THC

En el desarrollo de la investigación, el fiscal Libedinsky expuso que la firma MA Botanics actuaba como el brazo productor de la red, amparando sus plantaciones en una autorización real: la Resolución Exenta Nº 86/2025 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región del Maule. No obstante, este permiso, otorgado exclusivamente para la investigación y el cultivo de cannabidiol (CBD), compuesto no psicoactivo de la planta, fue conscientemente vulnerado para producir variedades con alta concentración de THC.

Sobre esta irregularidad, el persecutor regional precisó que la “autorización era abiertamente vulnerada e incumplida en forma consciente y deliberada por los integrantes de la organización criminal, produciendo plantas del género cannabis con alto contenido de THC, lo que evidentemente no estaba autorizado por la resolución exenta, ofreciendo y vendiendo, entre otros, cigarrillos artesanales de marihuana, gomitas comestibles, aceites, resinas y extractos con presencia activa de THC, es decir, productos manifiestamente psicoactivos que eran distribuidos y comercializados masivamente”.

Esquema de membresías y recetas médicas exprés

El modelo de captación y comercialización operaba mediante supuestas membresías a la corporación de usuarios del Dispensario Nacional. Aunque formalmente se exigían recetas y certificados de antecedentes, la Fiscalía sostiene que la organización facilitaba el acceso indiscriminado a todo tipo de consumidores, incluidos turistas y extranjeros no inscritos, apoyándose en publicidad en redes sociales y médicos concertados.

Respecto al funcionamiento del sistema de ventas hacia el consumidor final, el fiscal Libedinsky detalló que “desde la perspectiva del consumidor final, el sistema ideado por la cúpula de la organización criminal operaba a través de una inscripción de socio en la Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional, cuyo valor ascendía a 10.000 pesos. Luego de ello, se les exigía la presentación de antecedentes, esto es, una receta médica con un diagnóstico y tratamiento en base a cannabis y un certificado de antecedentes penales exento de condena por la Ley 20.000, ofreciendo un pool de médicos que les podían extender recetas fácilmente, con lo que accedían a un número indeterminado de consumidores, comercializando abiertamente al público, incluso a turistas y extranjeros sin inscripción previa, captando numerosos clientes y socios mediante campañas publicitarias”.

El proceso penal continúa contra los integrantes de la red desbaratada en la denominada “Operación Imperio de Ámsterdam”, instancia en la que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó distintas medidas cautelares, entre ellas arresto domiciliario total, parcial y firma periódica, mientras el tribunal resuelve la solicitud de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público para los principales líderes de la organización.

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