La Cámara de Diputados aprobó el pasado lunes 2 de noviembre la modificación a la Ley 21.802, iniciativa despachada a ley que fortalece el rol de los municipios en prevención del delito y coordinación con las fuerzas de orden.
La propuesta autoriza la contratación de inspectores bajo el Código del Trabajo con calidad de funcionarios públicos y regula el uso de elementos de protección personal y tecnologías de vigilancia. Sin embargo, las autoridades locales de la Región de Aysén advirtieron severas complicaciones presupuestarias para su aplicación.
Garantías laborales sin aumento de dotación
El jefe comunal de Coyhaique, Carlos Gatica, valoró el marco de coordinación de la ley y las garantías contractuales para el personal, aunque alertó sobre los recortes presupuestarios del sector público.
Al respecto, la autoridad municipal de la capital regional señaló que “lo único que ocurre es una transformación para darle mayor garantía a los trabajadores y mayor responsabilidad a los municipios, pero de ahí a aumentar la dotación de seguridad, eso no va a ocurrir debido a que esta ley no va aparejada de recursos”.
Desigualdad en comunas extremas
Una postura coincidente expresaron desde el sur regional. El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, respaldó las mayores atribuciones otorgadas pero acusó que traspasar obligaciones sin fondos estatales genera inequidad territorial.
En ese contexto, el edil de la comuna sureña sostuvo que “el Estado comete un tremendo error y desigualdad en los municipios de las regiones extremas. Esta ley no trae financiamiento, ni un peso para implementarla, obligando a depender de los escasos recursos del Fondo Común Municipal”.
Tras la ratificación en el Congreso, la normativa quedará a la espera del reglamento del Ministerio del Interior que fijará las características de los elementos de protección e implementación tecnológica.

