Prisión preventiva para dos imputados por tráfico de más de 8 kilos de drogas en Coyhaique

El Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para dos imputados por el delito de tráfico de drogas, tras ser detenidos por recibir una encomienda con cerca de ocho kilos de sustancias ilícitas.

Los estupefacientes fueron despachados el pasado 9 de noviembre desde el norte del país a través de la empresa Blue Express y llegaron a la capital regional este lunes. El cargamento tiene un avalúo superior a los 144 millones de pesos.

Operativo policial y decomiso

En la audiencia de formalización, el fiscal del Ministerio Público, Fernando Pino, detalló que personal del OS7 de Carabineros realizó una revisión preventiva en las bodegas de la firma de transporte, ubicadas en el kilómetro 2,5 de la Ruta 7.

Gracias a la alerta de un ejemplar canino detector de drogas, los funcionarios abrieron el paquete y hallaron seis envoltorios. Al respecto, el persecutor precisó que “la encomienda contenía 3 kilos 402 gramos 100 miligramos de cannabis sativa y 4 kilos 682 gramos con 200 miligramos de clorhidrato de cocaína”.

Según el informe policial, el decomiso equivale a 6.804 dosis de marihuana, avaluadas en 51 millones de pesos, y más de nueve mil dosis de cocaína, valoradas en sobre 93 millones de pesos.

Coordinación interregional y cautelares

Los detenidos, identificados con las iniciales C.A.P.A. y M.A.M.R., arribaron en un mismo vehículo hasta la sucursal utilizando un domicilio inexistente para el retiro. Además, uno de ellos registra condenas anteriores por otros ilícitos y ambos destruyeron sus teléfonos celulares para evitar el peritaje.

Sobre la gravedad del hecho, Pino enfatizó ante el tribunal que “hay una coordinación local e interregional, este es un envío desde el norte de droga y por lo tanto requiere una logística superior a un mero tráfico barrial”.

El magistrado Mario Devaud Ojeda acogió la solicitud de la Fiscalía al considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días y ordenó mantener a ambos internos aislados del resto de la población penal.

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