Un funcionario del Ejército de Chile, con grado de capitán, fue detenido al interior del Regimiento N° 8 Chiloé de Puerto Aysén y formalizado por el delito de almacenamiento de material de explotación sexual infantil.
El procedimiento policial se concretó durante la tarde de este martes, cerca de las 17:00 horas, tras una investigación iniciada en septiembre por la Brigada Especializada de Delitos Sexuales Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI). Durante esta jornada de miércoles, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén.
Hallazgo en dispositivos electrónicos
En la audiencia de formalización, el fiscal del Ministerio Público, Pedro Poblete Viejo, detalló que las diligencias permitieron incautar un computador y un disco duro pertenecientes al oficial. En la revisión preliminar, los detectives rescataron los primeros registros ilícitos descargados desde internet.
Al respecto, el persecutor precisó ante el tribunal que “el imputado mantenía dentro de estos dispositivos numeroso material pornográfico infantil. Solamente en la revisión en caliente de los primeros archivos, señoría, se pudieron rescatar más de 50 archivos que mantenían representaciones de menores de edad en actividad sexual”.
Con el avance de los peritajes informáticos, la Fiscalía logró establecer que el volumen total de registros almacenados superaba el millar de archivos de contenido sexual explícito que involucraban a niños, niñas y adolescentes.
Uso de inteligencia artificial y medidas cautelares
Durante la audiencia también se expuso la declaración del imputado, quien reconoció haber utilizado herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes y videos ilícitos a partir de fotografías reales obtenidas en internet, además de desarrollar una aplicación informática denominada Alegrado con la que buscaba controlar su conducta.
Sobre la calificación jurídica de los hechos, el fiscal Poblete enfatizó que “son constitutivos, a juicio del Ministerio Público, del delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, previsto y sancionado en los incisos tercero y cuarto del artículo 366 quáter del Código Penal”.
Pese a que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por considerar que la libertad del formalizado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, el magistrado Rodrigo Grez rechazó la medida. En su lugar, decretó el arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma quincenal, fijando un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.


