IV División de Ejército inicia baja de funcionario investigado por material de abuso infantil en Aysén

La IV División de Ejército confirmó este miércoles 18 de noviembre que tramita la desvinculación de un oficial formalizado por almacenamiento de material pornográfico infantil, medida adoptada ante la gravedad de los antecedentes expuestos en la investigación judicial.

A través de un comunicado oficial, la institución castrense indicó que la resolución responde al cumplimiento de la legislación vigente y a sus valores internos. Además, aseguró que presta total colaboración a las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias.

Antecedentes de la formalización

La medida institucional surge luego de que el pasado martes el Ministerio Público formalizara al funcionario tras una indagatoria pericial. Según el reporte del departamento forense digital, en los dispositivos incautados se detectaron 1.260 imágenes y 37 videos con contenido de abuso sexual infantil, además de archivos presuntamente creados con inteligencia artificial.

Respecto a las pericias técnicas y al origen de las imágenes halladas, el fiscal del Ministerio Público, Pedro Poblete Viejo, detalló que “el departamento forense digital establece entonces una cantidad de 1.260 archivos de imagen y 37 archivos de video con contenido explícito de abuso sexual de menores de edad, donde se observan niñas de entre ocho o 11 años de edad, sin desarrollo de características sexuales secundarias, siendo violentadas sexualmente por varones adultos o posando desnudas de forma erotizada, exhibiendo partes íntimas con un Tanner dos a tres”.

El persecutor agregó sobre la modalidad de generación digital que “el tanto pericial espontáneamente manifiesta que se trata de imágenes y videos creados con inteligencia artificial, específicamente con el programa Stable Diffusion. Sin embargo, a la inspección ocular de los mismos se observa que son de gran calidad gráfica y realismo, que hacen difícil a un espectador común distinguir si estos archivos son representaciones reales o simuladas de actos sexuales con menores de edad creadas con IA”.

Tipificación penal y medidas cautelares

El Ministerio Público encuadró los antecedentes recopilados dentro de la normativa penal vigente que sanciona la tenencia de este tipo de registros, imputando participación directa al funcionario involucrado.

Sobre la calificación jurídica de los hechos, Poblete Viejo precisó ante el tribunal que “los hechos antes descritos, señoría, son constitutivos a juicio del Ministerio Público del delito de almacenamiento de material pornográfico infantil, previsto y sancionado en los incisos tercero y cuarto del artículo 366 quater del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, y le ha correspondido participación como autor ejecutor del mismo”.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de niños, niñas y adolescentes. No obstante, el magistrado Rodrigo Grez desestimó dicha petición y decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma quincenal.

El tribunal fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación. Durante este periodo, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público continuarán las diligencias para esclarecer el origen y alcance del material incautado, mientras el imputado mantiene su presunción de inocencia.

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